Para garantizar que en un futuro cercano las familias guatemaltecas tengan una vida digna, el Ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, día a día lleva a cabo diversas acciones que construyen el camino a un mejor futuro para los sectores más vulnerables.
En concordancia con esa visión, el Ministro Pinto fue juramentado por el Presidente de la República, Bernardo Arévalo, como nuevo integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur), durante la cuarta sesión ordinaria, en la que participaron ministros, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, Cocodes y alcaldes.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides), participa activamente en la planificación de obras de desarrollo aprobadas para el próximo año. En esta reunión del Conadur, presidida por el mandatario Arévalo, se destacaron las acciones encaminadas a fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo y la implementación de Gobiernos Departamentales en 2025, lo que permitirá una mayor coordinación en los niveles territoriales.
El Mides, en alineación con estos esfuerzos, contribuirá en áreas clave como la asistencia social y el saneamiento, priorizando a las comunidades más vulnerables. Los proyectos aprobados, que incluyen infraestructura, agua, educación y salud, representan una inversión estratégica que beneficiará a miles de guatemaltecos en todo el país, mejorando su calidad de vida y garantizando un desarrollo más equitativo.
También durante la presente semana el Ministro del Mides y la Secretaria Privada de la Presidencia, Ana Glenda Tager, firmaron un convenio interinstitucional para mejorar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas más vulnerables. Este acuerdo es parte de la Meta Presidencial de Reducción de Pobreza y Malnutrición del gobierno del presidente Arévalo, y se enmarca en la iniciativa «Mano a Mano», que busca atacar la pobreza y la malnutrición en el país, a través de un enfoque integral y coordinado en territorios priorizados.
La iniciativa «Mano a Mano» utiliza el Registro Social de Hogares, una herramienta digital institucionalizada, en febrero de 2024, que permite identificar las necesidades socioeconómicas de las familias. Este registro es clave para la intervención en nueve dimensiones, entre ellas, infraestructura de vivienda, protección social, salud, educación, agricultura para el autoconsumo, activación económica, acceso a servicios básicos y gobernanza territorial.
