La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan- entregó un informe ejecutivo al Gabinete Específico de Reconstrucción, sobre los daños ocasionados por las depresiones tropicales Eta e Iota durante 2020.
El Gabinete está integrado por el Vicepresidente de la República; los ministros de Finanzas Públicas; Defensa Nacional; Desarrollo Social; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (quien asumirá la coordinación técnica); Agricultura, Ganadería y Alimentación; Relaciones Exteriores; Salud Pública y Asistencia Social; Secretarios de Segeplan; de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados.
Según el informe, 10 departamentos se vieron afectados, principalmente en Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Petén, Zacapa y Chiquimula. Los daños, pérdidas y costos adicionales ascienden a Q.6,002,035,633.00. Se reportan 61 personas fallecidas, 30 heridas, 99 desaparecidas, 311,317 evacuadas y 1,790,730 damnificadas.
Para la obtención de datos se aplicó la metodología para Evaluación de Daños y Pérdidas (DaLA, por sus siglas en inglés), integrando la información de más de 151 instituciones.
Pasos a seguir
Los resultados permitieron estimar las intervenciones que el Estado debe realizar en el corto plazo para iniciar el proceso de recuperación y las necesidades financieras que existen tanto para la reconstrucción como para la reducción del riesgo de desastres.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe -Cepal- también presentó una serie de recomendaciones tomando en cuenta que el trabajo debe ser resiliente para la población y que desde la fase de pre-inversión, es necesario organizar adecuadamente la localización, diseño y materiales que puedan mitigar el peligro.
El Gabinete ya está trabajando una estrategia de reconstrucción enfocada en la prevención y el largo plazo, considerando planes de mantenimiento y protección de infraestructura. Y en el caso particular del Ministerio de Desarrollo Social -Mides-, le corresponde velar porque el proceso considere aspectos de protección social para las personas y familias más vulnerables.
